"Lo que siento es que violenta la conciencia de los chilenos rendir honores -si es elegida Presidente de la República- a una persona que ha estado involucrada no sólo en temas de derechos humanos, sino incluso en temas de uso de dineros fiscales."
El derecho humano básico es a la vida. Si una persona ha pertenecido a un partido que propició la lucha armada, atentatoria contra la vida de otras personas, o después ha sido cercana o estado vinculada a un grupo terrorista que cometió atentados con el expreso fin de matar a oponentes políticos o agentes de seguridad, me violentaría tremendamente que ella llegara a la más alta dignidad del poder y hubiera que rendirle honores.
Desde luego, como demócrata me repugna su adhesión a un partido que, en plena democracia, reiteró su opción por un sistema totalitario y se propuso imponerlo, no por el voto, sino por el fusil. Todos los demócratas celebramos cuando el gobierno militar, en una fecha epónima que se conmemora este domingo, puso término a la amenaza.
Y como cristiano, igualmente me violenta que una mayoría vote por alguien que no valoriza instituciones fundamentales del cristianismo, como la integridad del matrimonio y la familia y la protección de la vida del que está por nacer.
En cuanto al uso de dineros fiscales, si esa persona ha percibido, desempeñando sucesivos ministerios, un sobre mensual con billetes al margen de control legal o de su propio contrato de trabajo como titular del cargo, me violenta la idea de que alcance las máximas responsabilidades en la administración de los recursos de todos los chilenos. Pues el país tiene derecho a presumir -a raíz de lo que declaró su colega Carlos Cruz- que esa persona también "recibía, me imagino que de fondos reservados de alguna repartición, gastos de representación de un millón 800 mil pesos. Un sobre con efectivo para usar en actividades propias del cargo".
Todo alto funcionario que mensualmente recibe dinero en efectivo cuyo origen sólo "se imagina" comete falta de probidad, y con su actitud abre un espectro de posibilidades para la corrupción. Además, si no lo declara después como renta, incurre en un ilícito tributario. Por lo que se sabe, los receptores de sobres nada declaraban ni preguntaban, hasta ser sorprendidos, tras la confesión de Cruz, cuya candidez el país debe agradecer.
Tanto fue así, que esa conducta, tras ser puesta en evidencia, demandó una ley para ser regularizada ("hecha la trampa, hecha la ley") y después se precisó de la renuncia graciosa y unilateral de Impuestos Internos a investigar, ofreciendo una artificial salida, que ya se quisieran otros contribuyentes remisos, de presentar una declaración voluntaria justificando la inversión de esos fondos en gastos de representación o, en su defecto, pagar el tributo adeudado, ex post, consiguiendo así perdón y olvido.
Por suerte los partidarios del gobierno militar hemos sido asegurados por quien lo presidió de que nunca se apropió de gastos reservados, rechazando atribuir a los mismos el todo o parte de sus fondos en el exterior, cuando puntualizó: "Jamás defraudé al fisco ni obtuve provecho ilegítimo de los cargos que desempeñé". Esto sitúa a su gobierno en un grado de probidad superior al actual, si bien esto, como todos sabemos, no es mucho decir.
Como demócrata, espero que la mayoría popular recapacite e impida que la perspectiva que tanto me violenta llegue a ser realidad. En subsidio, como cristiano confío en que la Divina Providencia haga algo para impedir que tal amenaza se pueda concretar. Y espero que muchos demócratas y cristianos compartan iguales propósitos. (Hermogenes Perez de Arce 7 de septiembre de 2005 - El Mercurio).
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